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sábado, 26 de febrero de 2011

La prohibida venta callejera

Las pocas oportunidades, tanto para personas que no finalizarón la secundaria como personas con estudios universitarios, les lleva a mucha gente a buscar otras alternativas fuera de lo que saben o a mucha gente no le queda otra alternativa, por lo que terminan vendiendo productos en la vía pública. Productos que según encuestas recientes, como las del diario Clarín en su edición online, más del 85% de las personas que votarón allí: no compran. Y por si fuera poco estos puestos aumentaron considerablemente durante estos últimos 10 años, debido a los altos impuestos que deben pagar los comerciantes y los altísimos costos que lleva alquilar un local.

Si bien es cierto que una gran cantidad de productos de la venta callejera provienen de fabricantes de dudosa legalidad, es evidente que los vendedores -en su mayoría humildes- no son fabricantes, distrubuidores y vendedores. También es cierto, que estos fabricantes de dudosa legalidad utilizan a estos vendedores para vender sus productos. Pero también es cierto, que para estos vendedores, frente a su situación, es su único medio de vida y su única manera de ganarse unos pocos pesos con alguna casi milagrosa venta que realizan.

Quitarles sus puestos, su trabajo casi sin ganancias, sin un sueldo fijo, es un perjuicio. Es quitarle la única esperanza de tener la comida para esa persona y su familia. Por el solo hecho de estar vendiendo en la calle, de hacer lo que pueden, lo que el sistema les da para poder vivir dignamente, ganandose la comida día tras día.

Hace pocos días, la fiscal Daniela Agulloni respaldó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de rechazar un pedido de permiso -que había solicitado en 2009- para vender en la vía pública de Claudia Martinez, una vendedora que hace 6 años vende en la calle.
El pedido fue rechazado, según la fiscal por:

Considero que la actora no ha logrado acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la conducta de la Administración, ni que se haya vulnerado su derecho al trabajo y a la igualdad, requisitos necesarios para la procedencia de la presente acción de amparo


¿Cual es el producto que vendia al que tan difícil es consederle el permiso para que pueda vender y así subsistir? La señora vende Arteseanias.
Se nota, a simple vista, que la fiscal opera según el criterio del Gobierno de la Ciudad que es el de desalojar los puestos callejeros, por supuesto por interés propio como el de Junio de 2010, donde desalojaron y reprimieron a puesteros cuyo permiso tenian habilitado por el mismo gobierno y cuyos papeles tenían en regla.

El derecho a trabajar es un derecho único y ningún gobierno puede quitarselo por su interés. Ningún gobierno puede desalojar a las personas, negarles permisos para trabajar y privarles de poder tener un empleo para ganarse la vida. El deber del gobierno es garantizarles el trabajo y no quitárselos.

Finalizo el articulo con palabras de la legisladora de Proyecto Sur Laura García Tuñón:

Es una lástima que se actúe de esta manera ya que se trata de un caso de mera subsistencia. La señora Martínez demostró que su actividad es el único modo que tiene de llevar el pan a su mesa.
De este modo, lo único que hacen es cortar su única posibilidad de trabajo, en vez de ayudarla

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1 comentarios:

A las 16 de abril de 2011, 9:10 , Anonymous Anónimo ha dicho...

yo vedo en la calle hace mas de 15 años tambien soy artesana , y siempre te rajan te discriminan te quieren sacar la mercaderia , te miran mal , NO TE DEJAN SER VOS .....

 

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